Nada de lo que voy a decir aquí es nuevo. Que nos mienten, nos engañan y apenas si tenemos capacidad de defendernos lo saben todos los ciudadanos que lo sufren cada día. Las grandes entidades financieras, es decir los bancos; los notarios; las grandes empresas eléctricas; los operadores de telecomunicaciones; los empresarios privados; los farmacéuticos y hasta los pescaderos, por citar algunos de los muchos ejemplos que harían la lista interminable, nos convierten en víctimas de un sistema que si bien reconoce que el ciudadano es víctima de este pillaje continuado no hace nada por evitarlo.
El Defensor del Pueblo; los servicios del Banco de España a los que puede acudir el consumidor; los de los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas; las Organizaciones de Consumidores y Usuarios; la Administración y hasta el propio Gobierno y el Parlamento que aprueba las leyes se declaran incapaces de proteger el ciudadano. Acumulan miles de quejas con las que anualmente confeccionan una estadística con la que cubren así el expediente de los enormes gastos que cuestan a los ciudadanos organismos inoperantes que ponen en evidencia como los mecanismos de control de la democracia se burlan cada día.
Si usted tiene que ir a un notario a cancelar una deuda hipotecaria prepárese pues con toda seguridad le va a cobrar por la escritura de cancelación al menos diez veces más de lo que marca la ley aprobada por el Gobierno hace casi cuatro años que fija una tasa fija de 30 euros que ningún notario cumple. Y si usted intenta presentar una queja ante el Colegio de Notarios ya sabe desde un principio que esta no va a prosperar: unos se protegen a otros. Pero si va más allá y acude a la Dirección General del Registro y Notariado del Ministerio de Justicia prepárese para esperar unos cuantos meses hasta que al final recibe la respuesta diciéndole que recurra a los tribunales. Y, si desesperado, se afilia a la Organización de Consumidores y Usuarios, sus abogados le explicaran por teléfono lo difícil que está la cosa como ellos nada pueden hacer por ayudarle. Y usted, ciudadano agotado y cabreado, regresará a su casa sintiéndose impotente y todo lo más acudirá a un programa de radio para expresar la tropelía de la que ha sido objeto preguntándose para que sirven entonces todas esas leyes que aprueba el Gobierno en Consejo de Ministros. Lo único que le puede aplacar es el pensar que, bueno, al fin y al cabo, se trata de dinero y que le vamos a hacer si le han timado trescientos o cuatrocientos euros. Que usted ha hecho lo que ha podido aunque al final no haya podido hacer nada por impedirlo.
Claro que si a esto le sumamos que su banco le ha cobrado indebidamente las comisiones autorizadas por el Banco de España, la cosa se complica. Pero hasta aquí todo es dinero, eso sí, dinero suyo que le sustraen del bolsillo a la vista y con el plácet de todos, pero al fin y al cabo dinero.
Pero si su padre o a su madre ya tienen una edad y además alguno de ellos precisa de permanentes cuidados por tratarse de personas impedidas y acude a la ley de Dependencia tan aireada por el Gobierno, prepárese pues según la Comunidad Autónoma en donde vivan los dependientes así va a tener usted que esperar un año, varios o ver como entierra a sus padres sin que jamás le hayan llegado los papeles aprobados. El Gobierno y las Comunidades Autónomas se echarán la pelota de la culpa del uno, pero, claro, que no le pregunten a usted por las ayudas y leyes aprobadas por nuestros diputados en el Congreso. Los mismos a los que no les falta de nada como todos sabemos.
Y si usted es un trabajador autónomo, me refiero a un simple trabajador y no a aquellos que utilizan las sociedades limitadas para enriquecerse, pues bien si usted es un autónomo ya sabe que a pesar de haber sido aprobada la ley hace años no ha tenido desarrollo y usted no tiene derecho a paro si se queda sin trabajo, tampoco a vacaciones remuneradas ni a otros derechos que cubren a los trabajadores con contrato.
Pero ¿Qué sucede cuando salimos a realizar nuestras compras diarias o hacemos una gestión? Si ha de utilizar el teléfono prepárese para pelearse con los contestadores automáticos de un 902, para colgar finalmente sin haber resuelto nada, aunque eso sí, con unos euros menos en su bolsillo. Si va a la farmacia cada una le cobrará lo que le venga en gana sin que ni el farmacéutico ni el dependiente hagan el menor gesto por darle a usted una factura por su compra. Si va al pescadero ya sabe que le va a vender una merluza africana al precio de la merluza gallega del pincho y así el fraude se va extendiendo al frutero, al charcutero, al huevero, al super de su barrio en un largo, larguísimo etc.
Las compañías eléctricas nos aplican tarifas abusivas con la comprensión del Ministerio de Industria, obligándonos a pagar ya no por la lectura del contador sino por sus propias estimaciones que resultan ser falsas y fraudulentas. Las de telecomunicaciones realizan abusos en nuestras contrataciones de los teléfonos móviles. La práctica del engaño se extiende como una mancha de aceite impregnando cada día más todo el tejido social. Cada año las entidades financieras, las eléctricas y las de telecomunicaciones alardean públicamente de sus cuentas de resultados engordadas con la mentira y el engaño al ciudadano premiando con bonus de infarto a sus directivos , aquellos que han llevado a la práctica con frialdad y sangre fría la doctrina del saqueo
¿Qué puede hacer el ciudadano ante tanto atropello? Nada ¿Quién le ampara? Nadie ¿Para qué sirven las organizaciones que supuestamente le protegen? Para nada. Si usted cree que exagero o si todavía usted no se ha dado cuenta del timo diario al que es sometido tan solo decirle que todas y cada una de las cosas que aquí cuento no pertenecen al mundo de la ficción sino que son tristemente reales.
El Gobierno anuncia nuevas leyes para proteger al ciudadano, lo que no nos asegura nadie es que se vayan a cumplir.
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