De esta manera
hablaban dirigentes políticos del PP de la concentración en torno al Congreso
de los Diputados. Para evitar un posible asalto blindaron la Cámara de Representantes y desplegaron a cerca de 1400 policías de
las unidades especiales, más de la mitad
de los efectivos antidisturbios de toda España. Y todo para protegerse de unas
seis mil personas, de todas las edades y condición social, afectadas por la
crisis, este sí, un auténtico golpe de estado contra el trabajo, la familia,
los derechos sociales y la propia unidad de España.
El país al revés. Los
ciudadanos más críticos defendiendo el modelo de Estado y los políticos más conservadores,
aquellos que se decían patriotas y españolistas, poniéndose al servicio de
intereses foráneos para arrasar con el Estado, ya no solamente el del bienestar
sino con los servicios públicos más esenciales, la sanidad o la educación, privatizándolo
todo y destruyendo la paz social.
Los representantes
políticos de los dos grandes grupos mayoritarios que se alternan en el poder y
aquellos que controlan el mapa autonómico, es decir los grandes responsables del
despilfarro y de la corrupción, son los que luchan con uñas y dientes por
conservar sus privilegios mientras el pueblo grita y protesta en la calle. Ayer
mismo, el pleno del Congreso discurrió
como si nada estuviera pasando en el exterior en un claro menosprecio al sentir
de los ciudadanos.
Nunca ante una manifestación tan pequeña se protegieron
tanto pero, claro, hay que comprender que esta vez la concentración ciudadana era
delante de su propia casa, porque así se lo toman, como suyo, el Congreso de
los Diputados.
La brutalidad de la policía,
el miedo de los políticos de los grandes partidos- otra cosa bien distinta en
la opinión y el comportamiento de los grupos políticos de la izquierda plural o
minoritaria- ante la indignación en la
calle es hoy nuestra vergüenza.
